Los políticos españoles -que viven a costa de los ciudadanos españoles- quieren realizar una reforma de la Constitución española. Después de poco más de treinta años sin que ningún gobierno se haya atrevido a modificar una coma de la llamada Ley Fundamental del Estado Español (miento: se ha modificado una vez, en 1992, para incluir el término “pasivo” en el artículo 13.2), llega el momento en que, obligados por la Unión Europea, el Banco Central, el Fondo Monetario Internacional y algunas Instituciones o Mafias Legales más, como las agencias de calificación estadounidenses, los grandes bancos y las multinacionales, los dos partidos que cortan y reparten el bacalhau se ponen, por primera vez en la historia de nuestra pseudoDemocracia, de acuerdo para modificar la Constitución.
Hasta hoy, estos dos partidos no se habían puesto de acuerdo ni para elegir el tipo de papel higiénico que sus señorías utilizarían para limpiar sus señoriales culos después de cagar en los váteres del Parlamento; hoy se ponen de acuerdo para aniquilar el Estado Social que consagraba la Constitución, aun cuando quieran aparentar lo contrario; no en vano la propuesta de reforma habla de “garantizar la sostenibilidad económica y social de nuestro país” (aquí se puede leer la propuesta de reforma), pero el término “social” aparece porque queda bien. Y más que garantizar la sostenibilidad económica y social de “nuestro país”, sería preferible que cualquier reforma garantizara la sostenibilidad económica de los ciudadanos del país, una sostenibilidad que hace tiempo dejó de existir para dar paso a la sostenibilidad de los bancos y de las grandes empresas multinacionales.
Los ciudadanos. ¿Qué pintan los ciudadanos aquí? ¿Qué pintamos tú y yo en esta reforma de la Constitución? ¿Qué tienen que ver los ciudadanos españoles en esta modificación de la llamada norma suprema del ordenamiento jurídico español? Por lo visto, nada. No quieren saber qué queremos. No les interesa nuestra opinión, a pesar de que el artículo 1 de la Constitución deja bien claro, en su apartado segundo, que “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”. Entonces, si la soberanía nacional nos pertenece, ¿por qué no quieren preguntarnos si queremos esa modificación de la Constitución? ¿Por qué no convocan un referéndum? ¿Por qué no quieren escuchar a los alrededor de 35 millones de ciudadanos que tienen derecho de sufragio activo?
La respuesta es evidente: la reforma que pretenden introducir -y que van a introducir a toda costa- atenta contra los intereses de la inmensa mayoría de los ciudadanos, y sólo beneficia a los mismos de siempre, a los que, pase lo que pase, nunca pierden nada y siempre ganan más, a costa de la inmensa mayoría de ciudadanos, que cada vez pierde más y gana menos. Y ello a pesar del propio Preámbulo de la Constituión, donde se lee: “La Nación española […] proclama su voluntad de […] Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida”. ¿A todos? ¿A qué “todos”?
No nos extraña. A nadie le extraña. Los diputados, a fin de cuentas, pertenecen a una élite económica: son ricos. ¿Cómo van a gobernar 350 ricos las vidas de 45 millones de personas con un mínimo de cordura? Estos diputados, cada vez más ricos, cada vez con sueldos más altos y vitalicios, con prebendas y privilegios propios de la Edad Media por abusivos y desproporcionados, no pueden gobernar nada: lo único que hacen es arruinar cada vez más a la inmensa mayoría de ciudadanos de este país: arrinconarlos, estrangularlos, oprimirlos, asfixiarlos. Estos diputados nos roban hasta el oxígeno para regalárselo a los banqueros, a los superempresarios: a sus amigos y familiares.
¿Alguien duda de que si no nos hubieran robado los políticos -todos los políticos- no sólo no tendríamos ningún problema económico, sino que todos los ciudadanos tendríamos una vida realmente digna? Pero los políticos nos roban, nos expolian, nos venden muy barato a sus amigos.
Nos quieren esclavos, callados, sumisos, quietos. Los políticos estos de dos al tercio -ni siquiera son capaces de ser políticos de tres al cuarto- están destruyendo todos los derechos conseguidos a lo largo de la historia, esos derechos que nuestros antepasados conquistaron con su sangre y con su vida.
¿Sabes qué quieren modificar estos políticos que, se supone, representan a 45 millones de ciudadanos? El artículo 135, que hasta hoy decía:
“1. El Gobierno habrá de estar autorizado por Ley para emitir Deuda Pública o contraer crédito.
2. Los créditos para satisfacer el pago de intereses y capital de la Deuda Pública del Estado se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de los presupuestos y no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la Ley de emisión” (vid.).
Tan breve artículo va a tener una nueva redacción, la que se puede leer aquí. Así, el artículo 135 pasa, de tener cuatro líneas, a tener treinta y cinco. Sin embargo, la gran mayoría de esas líneas son morralla, están ahí para despistar (se remiten a posteriores desarrollos legislativos y al año 2020...), porque las que verdaderamente importan son estas tres, que no están sometidas a ningún desarrollo legislativo y, por tanto, entrarán plenamente en vigor desde su aprobación:
“135.3. […] Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta”.
¡Prioridad absoluta! Los créditos para pagar los intereses y el capital de la deuda pública van a ser, c o n s t i t u c i o n a l m e n t e, más importantes que los ciudadanos desde el momento en que se aprueba la reforma. Creo que pocos artículos tiene la Constitución que sean tan dañinos. Porque la primera víctima va a ser, repito, la inmensa mayoría de ciudadanos: tú, tu mujer, tu marido, tu familia, tus amigos, tus vecinos. Si resulta que este año o el próximo no hay dinero para pagar los intereses y el capital de la deuda pública, la Constitución obligará a pagarla a toda costa, sea como sea. Si hay que vender todo lo público, se vende todo.
[Yo, personalmente, preferiría que modificasen la Constitución para incluir en ella un artículo que decrete la guillotina a todo político que robe de cualquier manera o por cualquier medio directo o indirecto de nuestra hucha llamada “arcas públicas”. Y que exija responsabilidades a los representantes y gestores ineptos e incompetentes que han permitido y colaborado para que se produzca esta estafa económica llamada crisis financiera.]
