Los escraches prosoterramiento en Murcia

Hay en Murcia últimamente voces afines al poder político que consideran el escrache como una conducta despreciable y merecedora de condena pública, incluso hay quien lo tipificaría, si pudiese, como acto delictivo y lo sancionaría penalmente. Hay, incluso, quienes aseguran firmemente que es un delito castigado por la ley.

Sin embargo, en general es considerado como un acto por el que un grupo de ciudadanos expresa su repulsa hacia una acción o una decisión realizada por políticos y orientada a satisfacer el interés particular de un reducido grupo de personas, normalmente ellos mismos y su cohorte, atentando contra el interés general de una considerable parte de la población.

En el caso de los vecinos del sur de Murcia, los habitantes de siete barrios están al borde de la exclusión, si se permite que, antes de que se soterren las vías, se levante el muro y se instale la catenaria para que entren el AVE y el Corredor Mediterráneo, como ya está ocurriendo. De momento la catenaria ya la están instalando y la segregación es cada vez más inminente, a pesar de la campaña publicitaria de los poderes públicos en la que se difunde que se va a soterrar (aunque sean 200 metros…), pero no se pueden olvidar los 30 años de mentiras en este sentido, ni que el PP cuenta entre sus filas con 834 imputados (Murcia, campeona de la corrupción).

De momento los vecinos de los barrios del sur han hecho algunos escraches a varios responsables de la segregación que se está perpetrando con las obras de las vías, donde están levantando el muro e instalando la catenaria: han visitado, en sus más de veintiocho días consecutivos de marchas y movilizaciones, al alcalde, al consejero de fomento y al presidente para expresar frente a sus casas el descontento que sienten y las fatídicas consecuencias que para sus vidas  tendrán dichas obras.

Así que unos dicen que los escraches son detestables, o que son delito, o que deberían serlo, y otros consideran que los escraches no están mal y responden a una necesidad de expresar el malestar social. Pero… ¿qué dirán sobre esta cuestión los tribunales de justicia?

Pues dice el Auto nº 81/14 de la Sección 16ª de la Audiencia Provincial de Madrid que el escrache es una “manifestación de grupos de activistas que se dirigen al domicilio o lugar de trabajo de alguien a quien se quiere denunciar y que tiene como fin que sus reivindicaciones tengan repercusión en la opinión pública” (pág. 4 del Auto).

Es, pues, un medio plenamente lícito, ajustado a la ley, siempre, por supuesto, que no concurran “violencia física ni fuerza en las cosas”.  También señala este tribunal que no se puede considerar delictivo el efecto persuasivo que puede provocar una protesta en las personas a quienes va dirigida (pág. 5).

Y añade: “Las manifestaciones y concentraciones que cotidianamente se llevan a cabo [...] se producen como medio de denuncia o protesta por las decisiones tomadas o que se van a tomar por los responsables políticos o económicos –y en ocasiones también por los jueces y tribunales–, constituyendo un mecanismo ordinario de participación democrática en la sociedad civil y expresión del pluralismo de los ciudadanos” (pág. 7 del Auto 81/14).